El pago por servicios ambientales es un mecanismo de compensación económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio hacen un pago a los proveedores o custodios del servicio (Riveros, 2005). Los servicios ambientales pueden ser muy concretos, como un caudal de río o un aprovisionamiento de madera, o más abstractos, como la captura de carbono o la belleza paisajística.
Lo fundamental de un esquema de pago por servicios ambientales es desarrollar un mercado en el que el proveedor del servicio reciba una compensación proveniente del usuario del servicio. La cantidad recibida sirve para que el proveedor adopte las prácticas de gestión adecuadas para mantener o elevar la calidad del servicio ambiental. En algunos casos, el pago puede servir para compensar el coste de oportunidad de una actividad productiva o extractiva que pondría en riesgo el servicio ambiental. El pago no debe entenderse necesariamente como una operación monetaria, ya que también puede realizarse mediante mejora de infraestructuras (caminos, depósitos de agua, etc.), servicios (médicos, escuelas, por ejemplo) u otros elementos de desarrollo rural (talleres, semillas, etc.). La forma de compensación puede variar desde un pago directo a los proveedores individuales hasta el establecimiento de un fondo que sea gestionado por los proveedores, los usuarios, el Estado y otros agentes sociales.
Algunas condiciones fundamentales para el establecimiento de un sistema de pago por servicios ambientales son (Riveros, 2005):
- Identificación clara del servicio ambiental y del papel del proveedor.
- Involucramiento de los potenciales proveedores del servicio.
- Reconocimiento de derechos de propiedad de facto del proveedor sobre el servicio o de los factores que afectan su origen o calidad.
- Planificación a largo plazo y en etapas diseñadas bajo diversos escenarios.
- Disponibilidad de información técnica de base.
- Objetivos de conservación y sociales claramente definidos.
- Capacidad institucional para el manejo de la información, la administración financiera y para asegurar la participación de todos los actores sociales involucrados.
- Disposición de los usuarios para compensar económicamente a los proveedores.
- Mecanismos financieros y administrativos que aseguren la transparencia de los pagos y su transferencia final.
- Medios físicos que mantengan un flujo actualizado de información entre los usuarios y los proveedores.
- Sistema de seguimiento del sistema y de la retribución efectiva del pago mediante la cantidad o calidad del servicio.
Es preciso tener en cuenta, antes de proponer un sistema de pago por servicios ambientales, la verosimilitud de la relación causa-efecto que sustenta el servicio ambiental. Si no existe una verificación empírica, a menudo se emplean tópicos como “la reforestación aumentará la disponibilidad de agua” o “la reforestación reducirá el riesgo de inundaciones”, por ejemplo. Pero es necesario evaluar científica o técnicamente estas aseveraciones, para lograr la credibilidad del sistema entre los agentes implicados. También es recomendable comparar el sistema con otras alternativas de conservación y gestión, que pudieran ser más eficaces (Riveros, 2005).
Los esquemas o sistemas de pago por servicios ambientales se han convertido en una realidad en varios lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica. Para cada situación concreta habrá que desarrollar un sistema ad-hoc de acuerdo a sus particularidades.
El sistema de pago por servicios ambientales, tan en boga en países iberoamericanos, apenas ha llegado a España. La prestigiosa revista The Economist en uno de sus números de abril de 2005, llevaba a su portada el titular “Rescuing environmentalism (and the planet)”, y en sus páginas interiores aparecía un artículo editorial titulado “Are you being served?”. En él se defiende la entrada del ambientalismo en la economía. Afirma que la ciencia aporta suficientes evidencias de que el medio natural produce grandes beneficios económicos, aparte de los evidentes y tangibles como madera y peces, por ejemplo. Los servicios ecológicos implican costes y beneficios que pueden y deben valorarse económicamente. Ya no existe ninguna excusa para pensar que estos costes y beneficios no pueden cuantificarse.
Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Nueva York se dio cuenta de que debía gastar una suma considerable de dinero para conseguir agua de calidad para el consumo humano a través de plantas depuradoras, mientras que obtenía el mismo resultado por mucho menos dinero si incentivaba a los agricultores para que desarrollaran buenas prácticas agrícolas.
En Costa Rica existe un esquema de pago por servicios ambientales en el cual se paga una elevada cantidad de dinero anual, una parte por compañías hidroeléctricas por recibir servicios tales como un caudal circulante regulado o retención de sedimentos y control de la erosión, otra parte por consumidores privados de agua, que lo utilizan para riego, y una tercera parte por el gobierno del país, por suministrar agua a las ciudades y por mantener un paisaje agradable para el recreo y el ecoturismo.
Lo fundamental de un esquema de pago por servicios ambientales es desarrollar un mercado en el que el proveedor del servicio reciba una compensación proveniente del usuario del servicio. La cantidad recibida sirve para que el proveedor adopte las prácticas de gestión adecuadas para mantener o elevar la calidad del servicio ambiental. En algunos casos, el pago puede servir para compensar el coste de oportunidad de una actividad productiva o extractiva que pondría en riesgo el servicio ambiental. El pago no debe entenderse necesariamente como una operación monetaria, ya que también puede realizarse mediante mejora de infraestructuras (caminos, depósitos de agua, etc.), servicios (médicos, escuelas, por ejemplo) u otros elementos de desarrollo rural (talleres, semillas, etc.). La forma de compensación puede variar desde un pago directo a los proveedores individuales hasta el establecimiento de un fondo que sea gestionado por los proveedores, los usuarios, el Estado y otros agentes sociales.
Algunas condiciones fundamentales para el establecimiento de un sistema de pago por servicios ambientales son (Riveros, 2005):
- Identificación clara del servicio ambiental y del papel del proveedor.
- Involucramiento de los potenciales proveedores del servicio.
- Reconocimiento de derechos de propiedad de facto del proveedor sobre el servicio o de los factores que afectan su origen o calidad.
- Planificación a largo plazo y en etapas diseñadas bajo diversos escenarios.
- Disponibilidad de información técnica de base.
- Objetivos de conservación y sociales claramente definidos.
- Capacidad institucional para el manejo de la información, la administración financiera y para asegurar la participación de todos los actores sociales involucrados.
- Disposición de los usuarios para compensar económicamente a los proveedores.
- Mecanismos financieros y administrativos que aseguren la transparencia de los pagos y su transferencia final.
- Medios físicos que mantengan un flujo actualizado de información entre los usuarios y los proveedores.
- Sistema de seguimiento del sistema y de la retribución efectiva del pago mediante la cantidad o calidad del servicio.
Es preciso tener en cuenta, antes de proponer un sistema de pago por servicios ambientales, la verosimilitud de la relación causa-efecto que sustenta el servicio ambiental. Si no existe una verificación empírica, a menudo se emplean tópicos como “la reforestación aumentará la disponibilidad de agua” o “la reforestación reducirá el riesgo de inundaciones”, por ejemplo. Pero es necesario evaluar científica o técnicamente estas aseveraciones, para lograr la credibilidad del sistema entre los agentes implicados. También es recomendable comparar el sistema con otras alternativas de conservación y gestión, que pudieran ser más eficaces (Riveros, 2005).
Los esquemas o sistemas de pago por servicios ambientales se han convertido en una realidad en varios lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica. Para cada situación concreta habrá que desarrollar un sistema ad-hoc de acuerdo a sus particularidades.
El sistema de pago por servicios ambientales, tan en boga en países iberoamericanos, apenas ha llegado a España. La prestigiosa revista The Economist en uno de sus números de abril de 2005, llevaba a su portada el titular “Rescuing environmentalism (and the planet)”, y en sus páginas interiores aparecía un artículo editorial titulado “Are you being served?”. En él se defiende la entrada del ambientalismo en la economía. Afirma que la ciencia aporta suficientes evidencias de que el medio natural produce grandes beneficios económicos, aparte de los evidentes y tangibles como madera y peces, por ejemplo. Los servicios ecológicos implican costes y beneficios que pueden y deben valorarse económicamente. Ya no existe ninguna excusa para pensar que estos costes y beneficios no pueden cuantificarse.
Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Nueva York se dio cuenta de que debía gastar una suma considerable de dinero para conseguir agua de calidad para el consumo humano a través de plantas depuradoras, mientras que obtenía el mismo resultado por mucho menos dinero si incentivaba a los agricultores para que desarrollaran buenas prácticas agrícolas.
En Costa Rica existe un esquema de pago por servicios ambientales en el cual se paga una elevada cantidad de dinero anual, una parte por compañías hidroeléctricas por recibir servicios tales como un caudal circulante regulado o retención de sedimentos y control de la erosión, otra parte por consumidores privados de agua, que lo utilizan para riego, y una tercera parte por el gobierno del país, por suministrar agua a las ciudades y por mantener un paisaje agradable para el recreo y el ecoturismo.
En algunos lugares los sistemas son financiados totalmente por empresas privadas. Por ejemplo, en Columbia, grandes productores agrícolas de Cauca Valley pagan por la ejecución de proyectos de ordenación de cuencas hidrológicas, que pretenden la reforestación y el control de la erosión. En Francia, la conocida embotelladora de agua mineral Perrier-Vittel, ha encontrado necesario hacer repoblaciones forestales en algunas partes de cuencas eminentemente agrícolas y pagar a los agricultores para que practiquen la agricultura ecológica, con la finalidad de preservar la calidad de los productos de la empresa.
Extracto de: Mongil, J.; 2005. Desarrollo rural sostenible en la complejidad ecológica y ambiental de Castilla y León (España). En: Salinas, F.; Herranz, J.M.; Albarrán, C. (Eds.); 2005. Desarrollo rural y economía social: Situación, debate y retos. Servicio de Publicaciones Universidad Católica de Ávila. Salamanca. ISBN 84-96311-07-4. Págs. 125-153.
Referencias:
RIVEROS, J.C. Pago por servicios ambientales. www.wwfperu.org.pe/que_hacemos/
PagosporServiciosAmbientales.htm, 2005.
PagosporServiciosAmbientales.htm, 2005.
