Artículo de Luis Gil e Inés González Doncel*, publicado por
EFE Verde
Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo. Esta frase de Agustín Ruiz de Santayana no podría venir más al caso. Las masas forestales vuelven a ser noticia mediática aunque no es porque se quemen, si no por su puesta en venta, lo que ya se hizo durante los siglos XVIII y, en particular, el XIX; desamortizaciones de los montes públicos cuyas consecuencias son aparentemente desconocidas para los responsables de la propuesta. El rechazo a la iniciativa ha puesto de acuerdo a técnicos, científicos y organizaciones ecologistas, colectivos tradicionalmente discrepantes en la forma de ver e interpretar la naturaleza, o en el modo de restaurarla. En estos desencuentros han influido unos textos escolares que, durante décadas, estuvieron repletos de tópicos y opiniones no apoyadas en el saber científico. Se criticaron las repoblaciones de la Dictadura y con ello métodos y especies quedaron desprestigiadas. Poco importaba que los pinos, las especies más utilizadas, fueran autóctonas y hubieran desaparecido, local o regionalmente, por la milenaria hacha o el diente del ganado, ni que las repoblaciones con pinos fueran las que mejor prosperaran sobre suelos esqueléticos sometidos a tórridos veranos. La crítica ha sido y es tan feroz que a los pinos se les ha llegado a responsabilizar de los incendios en fechas tan recientes como ¡el pasado verano!. Los terrenos reforestados eran los extensos calveros de los montes públicos o fincas recompradas por el Estado, tanto para recuperar suelos erosionados como para generar empleo en el mundo rural, falto de jornales tras la Guerra Civil y, después, para repoblar las cuencas de los pantanos durante los diferentes planes de desarrollo y evitar la colmatación por sedimentos de unos embalses que mejoraban una agricultura insaciable con los freáticos o paliaban la sed de pueblos y ciudades.
Bajo el lema “Los Bosques para la gente” Naciones Unidas declaró 2011 año internacional de los Bosques queriendo con ello llamar la atención sobre su carácter universal y público. Ya lo había hecho años antes lo que da idea de la importancia de estos ecosistemas en las agendas internacionales.
En 2012, los días 23 y 24 de abril, la Real Academia de Ingeniería, que cada dos años celebra un homenaje a una persona, corporación u obra de ingeniería, se sumó a este reconocimiento y eligió a Agustín Pascual (1818-1884), primer ingeniero de montes y personaje desconocido cuyos estudios en Alemania le permitieron ser cofundador de la Escuela de Villaviciosa de Odón (1848) y promotor de un Cuerpo facultativo (1853). La creación de estos cuerpos especiales de funcionarios técnicos de la Administración Pública contribuyeron a la articulación del territorio, al desarrollo de la infraestructura del Estado y a paliar la discrecionalidad de una Administración poco profesional, inestable, corrupta e ideologizada por el lucro económico o la acumulación de propiedades, fiel servidora de los políticos y cesante con cada cambio de gobierno. Una orden de 1854 consideraba a los comisarios de montes –entonces, responsables de los montes públicos– y que dependían de los gobernadores civiles como: «agentes de las elecciones». Los montes se regulaban por una legislación coercitiva sin ningún tipo de conocimiento técnico, en un momento particularmente fácil para el expolio dada la inestabilidad política y la falta de ingresos. La pérdida de las colonias, el boato de la Corte isabelina y sus corruptelas, un ejército con más oficiales que tropa mantenido por las guerras carlistas (1833-1840 y 1846-1849) y unos intereses disparados por la deuda contraída obligarían a buscar financiación de forma desesperada. La iniciativa más destacada para ello vino de manos de Pascual Madoz quien, durante el bienio progresista (1854-55), propondría –por ley– la desamortización de los montes públicos a particulares, proceso de ventas que ya tenía numerosos precedentes para el pago de deudas municipales, cargas fiscales o intereses particulares de los poderes locales. La Ley Madoz tomó toda su fuerza en 1858, bajo el partido moderado, cuando exceptuó del proceso a las propiedades de la Iglesia –que ya habían sido afectadas por la desamortización de Mendizábal– por decisión expresa de la Reina. El Ministerio de Hacienda impuso que no se exceptuaran encinares y alcornocales pues su interés económico los haría atractivos a los potenciales compradores, razón por la que, a excepción de El Pardo y poco más, el resto de estos montes pasara a manos privadas.
Agustín Pascual sería uno de los que lideraría la oposición a estas ventas pues consideraba que: … el problema de los montes no es una simple cuestión financiera, que los montes deben llenar un objeto de porvenir o, mejor dicho, de perpetuidad, y que el interés local no siempre está de acuerdo con el interés general. Gracias a él, entre otros, el siglo XX se estrenó con el Catálogo de Montes de Utilidad Pública (1901), más de 5 millones de hectáreas de montes, mayoritariamente de Ayuntamientos y poblados de pinos y robles, que se salvaron de la desamortización y por tanto, de ser “desarbolados”.
Sin embargo, pese a la lucha denodada de unos pocos técnicos, algunos montes exceptuados no pudieron salvarse. Tal es el caso de numerosos pinares del Estado en la Isla de Gran Canaria o de parte del monte de Valsaín, paradigma del desarrollo forestal sostenible, que también fue homenajeado por la Real Academia de Ingeniería y donde se instaló un busto de Agustín Pascual. Una parte de este emblemático monte se puso en venta en 1871, afectando fundamentalmente a las “matas” o zonas de robledal, gracias a la expropiación de los bienes de la Corona promovida por el gobierno, tras la expulsión de Isabel II. En el asunto hubo trato de favor a importantes personajes políticos, amigos del Ministro de Hacienda, Moret, y al propio general Serrano, entonces Regente del Reino. Serrano, al que se le recuerda en estos días por su papel, junto al cuñado de lsabel II, en el asesinato del general Prim en 1870 −crimen por el que nadie fue condenado− disfruta hoy de una de las más elitistas calles de Madrid. Aunque durante la I República se declaró la nulidad de las ventas realizadas, incluida la del general Serrano, tres porciones permanecieron en manos particulares.
Es por ello que la noticia ha sorprendido a muchos. Se quieren poner a la venta algunos montes públicos en Castilla-La Mancha, los montes que en su día transfirió el Estado a la Comunidad Autónoma, todos montes de Utilidad Pública. Los más de cien años transcurridos desde la creación del Catálogo, y su permanencia, evidencian que la figura de monte de UP es pionera –anterior a la de parque nacional–, además de eficaz, en la conservación de la naturaleza en España. Estos territorios en manos privadas podrían generar ingresos a sus propietarios pero bajo gestión pública solo suelen generar gastos porque, o no se aprovechan, o se hace con tan baja intensidad que los ingresos no compensan los gastos de su gestión. El argumento en contra de su venta recupera miedos del pasado; antiguas ventas que acabaron en montes roturados y masa forestal perdida. No creemos que esto suceda como tampoco pensamos que ahora pudiera ocurrir lo que señalaba una instrucción de 1877: los rematantes solían talarlos [los montes] enseguida, y con parte del producto de la corta pagaban al Estado. Aun en frecuentes ocasiones los asolaban con sólo abonar el primer plazo, declarándose luego en quiebra, y realizando un bonito, aunque no honrado negocio. Pero no por ello se deben vender.
Hoy la legislación ambiental ha impuesto unas condiciones tan leoninas a los particulares ―en Castilla La Mancha poseen casi el 80% del territorio―, que debería echar por tierra cualquier iniciativa y hasta sorprende que alguien quiera comprarlos. Turismo ambiental y poco más. A eso está quedando reducido el desarrollo rural en muchas zonas de España. Pero si se ponen a la venta es porque ya tienen comprador que, poca o mucha, alguna utilidad o satisfacción les dará. Pero son montes que gozan por Ley del carácter de dominio público que, para entendernos, es condición de la que también disfrutan la franja litoral en la costa o las riberas de los ríos, y a nadie se le ocurre ponerlas a la venta −¡aún cuando, en este caso, muchos las comprarían!−.
Los montes del Catálogo están en él por sus cualidades e importancia y por el servicio público que dispensan a la sociedad, lo que hoy conocemos como externalidades. Su papel es primordial en la mitigación del cambio climático, la fijación del CO2, la conservación de la diversidad vegetal y animal, la lucha contra la erosión, la defensa frente a sequías e inundaciones, la mejora de la calidad y la cantidad de agua disponible, la conservación del paisaje o como lugar de recreo. Además, antes de venderlos deberán de ser descatalogados para lo cual será necesario un técnico que afirme que esos servicios ya no los prestan. Tendrán que encontrarlo.
Si lo encuentran y finalmente se venden, es seguro que no se roturarán, pero le pondrán “puertas al campo”, y de éstas ya hay demasiadas.
*Luis Gil, académico de la Real Academia de Ingeniería; e Inés González Doncel, ingenieros de Montes de la UPM”.
