¿Para qué más montes?

Nos hacemos eco de este documento, promovido por varios forestales, para impulsar una adecuada política forestal en nuestro país.
Las adhesiones al documento pueden hacerse en este enlace.

A principios del siglo XXI la extensión y potencialidad de los montes arbolados españoles es, sin duda, la mejor de los últimos tiempos. Habría que remontarse varios siglos atrás para encontrar un escenario en el que las cubiertas forestales ocupasen más superficie que en la actualidad. Los sucesivos inventarios forestales son elocuentes. Hoy el 54% del territorio tiene carácter forestal. En las últimas décadas, la superficie boscosa ha experimentado un crecimiento medio anual de 100.000 hectáreas. En total más de 3.000.000 hectáreas desde que se dispone de series estadísticas. Se está ante un proceso acelerado que, durante las próximas décadas, sumará otras cuatro o seis millones de hectáreas que probablemente cesen en su actividad agroganadera. En un próximo futuro dos terceras partes del medio rural, más del 60% del territorio nacional, será con gran probabilidad terreno forestal.

Podremos, quizás por fin, dar veracidad a la famosa ardilla ya que, muy pronto, podrá hacer lo que nunca hizo en tiempos de Estrabón, atravesar España sin tener que bajarse de las ramas de los árboles. Pero no sabremos si esta noticia es buena o mala hasta que no sepamos, como país, qué deseamos hacer de esa vasta superficie. Porque, al tiempo que esto ocurre, anualmente los montes españoles acumulan 50 millones de toneladas de biomasa cuyo destino, hoy por hoy, si no se lo da la sociedad de manera racional y equilibrada, se lo darán los incendios forestales.

España será cada vez más forestal por lo cual, ha llegado el momento de abrir los ojos ante la necesidad de entender el medio rural, y el desarrollo rural, desde una perspectiva en donde lo forestal cobre un justo protagonismo en la planificación y el diseño de políticas y programas. Y, para ello, es necesario mirar la naturaleza española libres de prejuicios y de visiones catastrofistas. Es preciso asumir que el territorio forestal español ofrece una fuente de recursos naturales que, aunque considerada desde hace décadas marginal, permite articular estrategias viables de uso sostenible. Parafraseando a un ilustre forestal de principios del pasado siglo, hay que pensar si España puede permitirse que más del 50% de su territorio no produzca nada. Y, en fin, es de justicia reconocer la esencial contribución de las masas forestales a frenar la erosión, al mantenimiento de la biodiversidad, a la regulación climática e hídrica y a la mitigación de los efectos del cambio global. Beneficios por los que hoy nadie paga.

Nuestro territorio ha cambiado profundamente, su fisionomía y sus gentes. Y es preciso articular nuevas políticas coherentes con la nueva situación que no desconcierten y que tramen alianzas con la población. En los últimos años el ciudadano del medio rural se ha visto desconcertado ante una superposición de visiones sectoriales, emanadas desde la ciudad, sobre montes, pastos, conservación de la biodiversidad, caza, espacios protegidos, y desarrollo rural,… Y no son las únicas. Todo ello ha disgregado en parcelas disyuntas lo que en realidad es un todo. El ciudadano rural muchas veces no sólo no se ha sentido impulsado por estas políticas, por el contrario las ha sentido como un obstáculo.

También en estas últimas décadas el modelo de conservación de la naturaleza ha cambiado. Entendemos y asumimos ya que en hábitats humanizados como son los nuestros, la coexistencia entre usos, aprovechamientos y biodiversidad no sólo es posible sino que, además, es necesaria. Gran parte de nuestros valores naturales solo se conservarán en coherencia con el mantenimiento de la actividad y el uso. Hemos superado la visión aislacionista y la segregación espacial. Definitivamente hemos aprendido que la gestión del territorio debe responder a una equilibrada articulación conjunta de los binomios uso y conservación, naturaleza y paisaje.

Coherente con todo ello parecería razonable que los hacedores de políticas públicas hubieran orientado progresivamente tanto el marco legislativo, como la organización administrativa y los escenarios de gestión y de intervención presupuestaria hacia la consolidación de estas tendencias. Sin embargo, en estas últimas décadas se ha vivido un continuo ir y venir de planteamientos y actitudes que se alejan de todo ello. Vaivenes legislativos; pérdida de capacidad armonizadora e integradora por parte de las autoridades nacionales que apenas son posición institucional de referencia; administraciones autonómicas demasiadas veces más volcadas en la defensa de sus competencias que en aplicar políticas eficaces; incapacidad general para integrar las políticas de uso y aprovechamiento dentro de un escenario de rentabilidad sectorial con dimensión, escala y alcance; miedo a acoplar funcionalmente uso y conservación. Pervivencia de viejos clichés ligados a periclitados modelos de estructuras agrarias de los años setenta, de conservacionismo excluyente de los años ochenta o el anquilosamiento, ya en los noventa, de una política forestal que prioriza, si no acapara, todos los recursos para apagar incendios. Todo ello, para confluir en el actual difuminado administrativo en donde, por primera vez en cerca de un siglo, no existe en la Administración del Estado un órgano administrativo específico de cierta entidad que atienda a la singularidad y problemática de nuestros montes. Es difícil entender que la conservación del águila imperial esté integrada con la gestión de los residuos y no con el departamento que vela por la gestión del territorio en el que vive. Y sumado a ello, total distanciamiento entre la realidad territorial y la visión que, poco a poco, se ha entronizado en el común de la ciudadanía. El bosque en España es una realidad pujante, valiosa y capaz de contribuir, muy activamente, a consolidar el futuro del medio rural y a armonizar la calidad ambiental de nuestro país. Es economía, y es economía verde, porque, no nos engañemos, su única amenaza real es el abandono y el olvido.

Ante la nueva legislatura que se aproxima, en un contexto favorable de superación de la crisis económica, a la búsqueda de un nuevo escenario de estabilidad, económica y social para el mundo rural, parece razonable hacer una llamada a los poderes públicos y a la sociedad de la necesidad de recuperar una política del medio natural integrada e integradora. Una política que sea elemento troncal tanto para la estabilización y el desarrollo del medio rural, como para la puesta en valor de sus recursos. Una política basada en un marco legal racional, estable y consensuado en convivencia con otros usos y actividades sectoriales afines como la ganadería, el turismo, o el mero disfrute de los valores naturales. Una política integradora de la realidad territorial como un escenario común, que supere las inútiles, estériles y anquilosadas visiones sectoriales parciales. Una política provista de instrumentos, organizaciones, dotaciones de medios, personal y estructuras propias. Una política territorial para todos, en particular para los locales y los propietarios forestales, porque sin ellos ni habrá progreso ni se podrán poner en valor recursos que ahora, simplemente, están abandonados. Una política en la que las ideas simplistas y preconcebidas dejen paso al rigor técnico de los que saben que conservación y desarrollo no son excluyentes, sino complementarios.

Una política, en esencia, que dé respuestas. Que deje de ver el medio ambiente, el territorio, y el medio natural como un problema, como un conflicto, como un inconveniente. Que tenga sentido de país, que tenga visión, que aspire a construir futuro. Una fiscalidad justa para los propietarios y empresarios forestales. Una imbricación entre la gestión, producción y aprovechamiento de los recursos forestales y la industria de transformación y comercialización, porque sin ella la cadena monte-industria-mercado de materias primas no funciona. Unas condiciones laborales justas para los que trabajan en el monte, con independencia de la temporalidad de eventos o producciones. Un sistema de contratación pública que se adecúe a las peculiaridades de la producción forestal. Unas administraciones fuertes, dimensionadas de acuerdo con el peso que nuestros montes y su potencial economía merecen. Un pacto político de estabilidad para más del 50% de la superficie nacional que se adecúe a los seculares ritmos de sus pobladores: encinas, pinos, robles, hayas… en el que vayan de la mano las políticas agrícolas, ganaderas y forestales, y junto a todas ellas, la conservación de nuestro patrimonio natural.

Y todo esto, por sensato y razonable que pueda parecer, es necesario pensarlo, asumirlo y ponerlo en marcha porque, sencillamente, la evidencia de las últimas décadas demuestra, de forma elocuente, que más allá de los intentos, de las voluntades o de los programas, lo que estamos haciendo es, precisamente, todo lo contrario.

Madrid, 31 de julio de 2015 

Inés Gonzalez Doncel
Jesús Casas Grande
Gregorio Montero González
Salustiano Iglesias Sauce
Roberto Vallejo Bombín